NUEVAS LEYES PARA LOS INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS PUEBLO DE ALABAMA ESPERA ANCIOSO
Por: DanielPaez
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CROSSVILLE, Alabama, EE.UU.- Casi todo el mundo en el centro de Crossville es blanco, con excepción de los chicos de la escuela primaria. Allí, los niños de pelo oscuro y que hablan español son mucho más numerosos que los caucásicos.
Para los propulsores de medidas para combatir a los extranjeros que se encuentran en el país ilegalmente, Crossville es un ejemplo típico de la necesidad de mano dura. Y sus residentes, tanto anglos como hispanos, están muy pendientes del fallo de una jueza federal que decidirá esta semana si permite que entre en vigor la nueva ley el 1ro de septiembre o no.
La jueza de distrito Sharon Blackburn escuchará el miércoles en Birmingham los argumentos de organizaciones hispanas, agrupaciones de interés público y líderes religiosos que piden que se anule la ley. La administración de Barack Obama también opina que esa ley no puede ser convalidada pues aduce que el estado está violando la constitución al usurpar poderes del gobierno federal.
La procuraduría de Alabama se abstuvo de comentar cómo defenderá la ley. Pero legisladores estatales que apoyan la iniciativa presentaron la semana pasada documentos en los que dicen que es el gobierno nacional el que interfiere ilegalmente con la soberanía del estado.
Crossville, que se encuentra unos 145 kilómetros (90 millas) el noreste de Birmingham, es una localidad rural como tantas otras de Alabama, de población mayormente blanca.
Unos ocho kilómetros (cinco millas) hacia el oeste, se encuentra Kilpatrick, localidad que algunos nativos de Alabama describen como la "Pequeña Tijuana" por la cantidad de mexicanos que viven allí. Las carreteras tienen carteles en español y muchos residentes trabajan en plantas de pollos. Viven en casas rodantes y sus hijos van a la escuela primaria del pueblo, donde el 65% de los estudiantes son hispanos.
El censo indica que en Crossville viven 1.297 personas y que todas, con excepción de nueve, con blancas. El condado DeKalb, donde se encuentra Crossville, no obstante, tiene más de 7.100 residentes, muchos de los cuales viven en Kilpatrick, donde una cantidad de familias residen junto a calles de tierra que conducen hacia plantaciones. Autobuses repletos de niños hispanos hacen a diario el recorrido hasta Crossville Elementary, la escuela primaria de Crossville.
Jeff Simpson, dueño de una gasolinera en Crossville, dice que está cansado de ver gente que sospecha está en el país ilegalmente y que usa dinero de programas de asistencia del estado para comprar alimentos y otras cosas. Sostiene que los nativos de Alabama gastan demasiado dinero en la educación de los hijos de inmigrantes y que le parece que los legisladores obraron bien al aprobar una ley que es considerada tanto por quienes la apoyan como por sus detractores como la iniciativa contra extranjeros sin papeles más dura de la nación.
"No tengo nada contra ellos, pero no me gusta el hecho de que no aportan nada al sistema y reciben tantos beneficios", afirmó Simpson.
No muy lejos, en Kilpatrick, Iván Barrera dijo que la ley ya está perjudicando a su supermercado. Si bien las autoridades escolares afirman que la cantidad de niños hispanos inscriptos aumentó en relación con el año pasado, Barrera sostuvo que muchas familias de inmigrantes se están yendo por temor a que las pare la policía por cualquier razón y las encarcele por no tener papeles.
"Es duro para los hispanoparlantes", expresó Barrera, un mexicano que tiene residencia legal y que está casado con una estadounidense. "Le tienen miedo a la policía".
La ley, aprobada por una asamblea legislativa dominada por los republicanos y sancionada por el gobernador republicano Robert Bentley en junio, se parece a iniciativas aprobadas en Arizona y Georgia. Sus propulsores dicen que hacen falta leyes que eviten que los servicios del estado beneficien a personas que se encuentran en el país ilegalmente y ayuden a que los empleos sean ocupados por residentes legales en un estado con una tasa de desempleo del 10%.
La legislación autoriza a que cuando la policía detiene a alguien por alguna razón, revise sus documentos y la arreste si sospecha que puede estar en el país ilegalmente. También exige a las empresas que corroboren el status legal de sus empleados usando el banco de datos federal conocido como E-Verify.
La ley considera un delito el arrendar una propiedad a alguien a sabiendas de que es un inmigrante sin papeles, emplear a alguien que está en el país ilegalmente o incluso transportarlo a algún sitio. Requiere asimismo que las escuelas públicas constaten el status migratorio de sus estudiantes, aunque no prohibe que los inmigrantes sin papeles asistan a clases.
"No podemos permitir que la gente siga cruzando la frontera sin que haya controles", declaró Brooklyn Roberts, director ejecutivo de la agrupación conservadora Eagle Forum de Alabama, que promovió proyectos de este tipo por años.
Entre los demandantes que tratan de impedir que la ley entre en vigor figura el Centro por la Ley y la Justicia Alabama Appleseed, de Montgomery, cuya directora de asuntos legales Shay Farley dijo que partes de la iniciativa usurpan poderes federales y probablemente sean bloqueadas, como ocurrió en otros estados, incluido Arizona.
"Creo que hay argumentos legales fuertes para bloquear la ley", expresó.
En el Crossville Junk Store, donde los hispanos a menudo compran ropa usada y otros artículos, Pam Todd dice que los inmigrantes no representan una amenaza. No sabe quiénes están en el país legalmente, pero cree que todos vinieron a los Estados Unidos como refugiados económicos.
"Arriesgaron sus vidas para venir", manifestó. "No creo que la inmigración ilegal sea un problema, son gente que viene en busca de una vida mejor".
En la Crossville Elementary, su director Ed Burke está tratando de decidir qué hacer si el juez permite que la ley entre en vigor. Dado que las escuelas públicas tendrían que verificar el status migratorio de sus alumnos, tiene que asignar personal para realizar el papeleo correspondiente y preparar informes en una escuela que ya de por sí está corta de personal.
Señaló que los empleados del sistema escolar que se quejan de que cientos de hispanos que probablemente estén en el país ilegalmente asistan a las escuelas no se dan cuenta de que, sin ellos, podrían quedarse sin trabajo. A Burke no le interesa la ley, que describe como "mal concebida", pero quiere estar preparado si es convalidada.
"Nuestros asesores legales nos han dicho que si la ley entra en vigor, tendremos que acatarla, porque si no podrían acusarnos de violar las leyes", dijo Burke.
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