Venezuela requerirá visa a los estadounidenses para “protegerse” de Espionaje americano

La medida se produce después de que el gobierno estadounidense tomara una decisión similar con respecto a altos cargos venezolanos, a quienes se les impusieron una serie de sanciones recientemente.

“Un conjunto de jefes políticos de Estados Unidos que han violado los derechos humanos bombardeando” a países como Siria, Irak o Afganistán “no podrán ingresar a Venezuela por terroristas”, indicó Maduro ante una multitud reunida en torno del palacio presidencial de Miraflores al cumplirse 26 años del levantamiento popular conocido como el “Caracazo”.

Citó entre ellos al expresidente George W. Bush, al exvicepresidente Dick Cheney y a los congresistas Bob Menendez y Marco Rubio.

Las denuncias por parte del gobierno venezolano durante las últimas semanas de un nuevo plan de golpe de Estado contra Maduro llegan cuando la crisis económica ha mostrado su peor faceta.

También, la semana pasada el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue arrestado al ser acusado de este plan.

Venezuela se prepara para una nueva campaña electoral: a final de año se elegirá un nuevo parlamento y, en medio de la crisis, encuestas vaticinan un mal desempeño para el partido de Maduro.

Durante su discurso el mandatario también aseguró que las autoridades venezolanas detuvieron a “algunos” estadounidenses en actividades de espionaje, sin dar más detalles.

El Caracazo ocurrió al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. Lamagnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico”, concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete.

Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud.

En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional.

Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.

El balance de perdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en forma atenuada fuera rechazado. En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión delCongreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic. Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

VER MAS AQUI............FUENTE.http://noticiaaldia.com/2014/02/a-25-anos-del-caracazo-el-estallido-social-que-marco-la-historia-de-venezuela-videofotos/

Asimismo, Maduro ordenó que se reduzca el número de autorizaciones para funcionarios estadounidenses en la embajada de ese país en Caracas.

Los estadounidenses “tienen 100 funcionarios, nosotros tenemos 17 (en Washington). ¡Términos de igualdad entre los estados!”, proclamó Maduro.

Según él, estas acciones buscan “poner límites y regularizar las relaciones con Estados Unidos para evitar la conspiración, en la que el gobierno norteamericano ha participado con el fin de salir por vías inconstitucionales del presidente Maduro”.

“Presidente Obama, su gobierno está financiando y apoyando a las organizaciones políticas que desconocen la Constitución de Venezuela y al gobierno legítimo. Usted los apoya con nombre y apellido”, dijo Maduro.

Horas después, la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció que ya ha sido enviada una nota a la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela notificando las medidas, que entrarán en vigor “una vez sean publicadas en la Gaceta Oficial”.

Fuente: BBC MUNDO